La celebración del 170 aniversario de la redacción de la primera
constitución dominicana, del 6 de noviembre de 1844 encuentra al
país en medio de un espectro mediático en la comunidad internacional por
la decisión tomada recientemente por la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos donde declara culpable a la Republica Dominicana por el caso de un grupo de personas que dijeron haber
sido repatriadas hacia Haití de manera
irregular en 1999 , alegando la corte que nuestra nación debe de modificar su Constitución o carta magna para
permitir la adquisición de la
nacionalidad dominicana a los hijos de
extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en este territorio.
Por que si
esta sentencia de este organismo Internacional está fechada según medios de
prensa, desde el 28 de agosto,
fue dada a conocer casi dos meses
después de ser emitida, cerca de celebrarse la conmemoración de esta fecha
histórica para el país como lo es el “6 de noviembre” todo parece formar parte
de un plan que se ha venido desarrollando
departe de algunos sectores de la
comunidad internacional con la intensión de vulnerar y
desacreditando la soberanía, de la nación dominicana contemplada en el
primer artículo de la nueva constitución donde establece que el pueblo
dominicano constituye una nación organizada en estado libre e independiente.
A partir de la sentencia 168-13 emitida por el
tribunal constitucional, el mundo tiene
los ojos puesto en este territorio de 48, 444 k/m como una forma de presionar a
nuestras autoridades dominicana para cargar con un fenómeno histórico-social
que no nos pertenece, “ La Migración Haitiana”
Desde que fue redactada la constitución dominicana
se establecieron los principios de nación, de país, de un estado organizado y
no es verdad que nuestras autoridades gubernamentales, legislativas y
judiciales se van a ver en la obligación una vez más de modificar nuestra carta
magna, y mucho menos por atender a
intereses y demandas internacionales.
La actual Constitución dominicana, vigente desde el
26 de enero de 2010, excluye de manera explícita en su artículo 18 la
nacionalidad dominicana por jus solis a “los hijos e hijas de extranjeros que
residan ilegalmente en territorio dominicano”.
Esa decisión por parte de la corte es una falta de
respeto a la soberanía nacional, a la independencia del estado, que tiene todo
el derecho de establecer sus mecanismo de control migratorio; en siglos pasados las naciones realizaban grandes construcciones entre ellas muros y murallas para evitar la
entrada de personas de otros pueblos, evitar la influencia e imposición de
otras culturas, influencia social y política ya sea por conflicto militar o
socio-comercial, pero lo cierto es que estos mecanismos eran respetado y
podemos citar como ejemplo la muralla China y el muro de Berlín.
Sin embargo los tiempos han cambiado y vivimos en
una era globalizada donde no se construyen infraestructuras en algunas fronteras del
mundo pero existen sus leyes de control migratorio y son respectada; por que
las leyes dominicana no pueden ser respetadas también; porque los organismos
internacionales no entiende de una vez y por todo que RD es una nación como
cualquier otra y que no tiene que cargar con una carga que no ha comprado? RD cuenta con
una infraestructura judicial defina; quien es la corte interamericana
para alegar que tenemos que modificar una vez más nuestra constitución?
La corte habla de un caso ocurrido hace 14 años y luego
aterriza en el caso de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional
Dominicano aludiendo automáticamente a
la ley 169-14; todo indica formar parte de una estrategia para seguir
presionando a este país con respeto a la
sentencia, situación esta que no solo el gobierno, sino mas bien el pueblo dominicano
no le va a permitir.
No me explico porque la comunidad internacional no cuestiona
como lo hace con nuestro país a los mas 25 países de conforman Unión Europea
donde ninguno concede de manera automatizada la nacionalidad de alguien por el
simple hecho de haber nacido en su jurisdicción territorial.
Es cierto que RD forma parte de ese organismo, pero
nuestras leyes deben de ser respetadas para garantizar el estado libre, democrático
y de derechos que nos faculta la carta margan.
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