Por Margarita Cedeño de Fernández.-El desarrollo tecnológico trae consigo los riesgos del mal uso de las mismas tecnologías que hoy facilitan nuestro día a día. El siglo XXI ha traído consigo nuevos retos, donde la seguridad individual y colectiva se ve amenazada por personas que utilizan las redes informáticas para cometer actos criminales.
Se trata de una amenaza real a la seguridad mundial. Las estadísticas confirman que un 80% de las actividades de cibercriminalidad, se originan en acciones de crimen organizado. Solo el año pasado, 40 millones de personas en Estados Unidos sufrieron el robo de su identidad.
Además, estas acciones delictivas le cuestan a la economía global unos 400 billones de dólares cada año, según un informe titulado “The Global Cost of Cybercrime”, publicado el año pasado por McAfee y el Center for Strategic and International Studies, quienes afirman que el costo puede alcanzar hasta los 575 billones de dólares.
El tema se ha puesto en la palestra pública como resultado de los recientes ataques cibernéticos a Estados Unidos, como el que sufrió la empresa Sony supuestamente a manos del gobierno de Corea del Norte. Esto ha llevado a que el gobierno de Barack Obama impulse una política de ciberseguridad que costará, por lo menos, 13 billones de dólares.
La Orden Ejecutiva 13636 y la Directiva Presidencial 28, del gobierno del Presidente estadounidense, plantean la necesidad de conceder protección legal a las empresas que compartan con el Gobierno información sobre amenazas informáticas, dotar de poderes a la justicia para investigar y perseguir a los autores de ataques y la compraventa de información sustraída a empresas y particulares, y armonizar las distintas leyes estatales que obligan a las compañías a notificar a los clientes si sus datos pueden haber sido robados.
De igual manera, se plantea la necesidad de proteger las infraestructuras informáticas, crear capacidades para identificar crímenes de este tipo con mayor facilidad, promover la libertad en el internet y fortalecer los mecanismos de protección de la información.
Para muchos países, como Estados Unidos, las políticas para contener los crímenes de alta tecnología, se han convertido en asuntos de política exterior. Alemania ha establecido una unidad dedicada exclusivamente al combate a la guerra cibernética, Australia creó un Centro de Operaciones para enfrentar los incidentes ocurridos en el ciberespacio, China cuenta con un Comando Cibernético Conjunto y Francia vigila, a través de una Agencia, las redes informáticas gubernamentales y privadas.
En el mundo de la sociedad de la información y la comunicación, las guerras se desarrollarán en el ciberespacio. Ante esta realidad, las decisiones de los Estados para garantizar un internet seguro y sano serán la clave para enfrentar a los narcotraficantes, pedófilos, terroristas, piratas informáticos, espías, ladrones de identidades, entre otros ciberdelincuentes que infestan el mundo informático.
En el caso de la República Dominicana, donde disponemos de una legislación reciente sobre el tema, se requiere del fortalecimiento de las capacidades técnicas para perseguir estos delitos y la promoción de medidas en el comercio, la banca y las organizaciones públicas, para proteger las informaciones sensibles de los ciudadanos y de la nación.
Se requiere, por igual, de iniciativas de formación para padres e hijos sobre el uso del internet de manera sana, tal y como lo hacemos desde los Centros Tecnológicos Comunitarios, con el objetivo de llevarlo a toda la población dominicana.
Como ha planteado el presidente Obama, de lo que se trata es de “hacer del internet un lugar más seguro para todos”.
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